VIII
ENCUENTRO NACIONAL
Lima 8,9 y 10 de noviembre de 2007
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El VIII Encuentro Nacional de la Red Perú se
realiza en un momento decisivo para tomar postura sobre
el rumbo de los procesos de democracia participativa
y la reforma descentralista del Estado, cuyos avances
requieren de la efectiva participación de los
diversos actores sociales, económicos y políticos
para hacer de ambos un compromiso de acción permanente
en la construcción de una sociedad con desarrollo
económico, inclusión, equidad, justicia
social e igualdad de oportunidades para todos y todas.
Para esta gran tarea, la Red Perú se ratifica
como uno de los espacios institucionales nacionales
comprometidos con aportar con propuestas de enfoques,
estrategias y acciones que incidan en los ámbitos
tanto gubernamentales como de la sociedad civil. En
esa perspectiva, por decisión del VIII Encuentro
Nacional y como fruto de los diálogos y debates
alturados producidos en el marco del programa de actividades
realizado, emitimos la Declaración Pública
siguiente:
1. Renovamos nuestra profunda convicción sobre
los principios, enfoques y orientaciones contenidos
en "Nuestros Acuerdos Básicos"
aprobados en el VII Encuentro Nacional (2005, cuya aplicación
coherente y enriquecimiento constituye una tarea permanente
de la Red Perú.
2. Destacamos la vigencia y necesidad de profundizar
el proceso de descentralización como parte de
nuestra demanda por una reforma integral del Estado
al servicio eficiente de la gente, promotor de generación
y distribución de riqueza en el marco de un crecimiento
económico equitativo y justo, en base a nuevas
relaciones democráticas en la sociedad. En esta
perspectiva, insistimos en la construcción de
una agenda de prioridades para la descentralización:
una adecuada conducción intergubernamental, la
descentralización fiscal, la promoción
de la inversión privada en el interior del país,
el desarrollo de capacidades, la definición clara
de competencias y funciones compartidas, la distribución
equitativa de los recursos del presupuesto nacional,
la implementación del CEPLAN y consiguiente elaboración
del Plan Nacional de Descentralización
y su articulación con adecuadas leyes sobre la
reforma del Poder Ejecutivo y la carrera pública.
Saludamos la iniciativa de algunos Gobiernos Regionales
de dotarse de sus correspondientes Centros de Planeamiento
Regional (CEPLAR). En este marco general, solicitamos
al Foro del Acuerdo Nacional que incorpore a su agenda
un balance de la situación de la descentralización,
con participación de los actores públicos
y privados involucrados con esta reforma y formule las
recomendaciones necesarias para el relanzamiento del
proceso ahora con problemas de dirección por
la falta de prioridad y voluntad política concertadora.
Y expresamos nuestra expectativa para que la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales, REMURPE, el Grupo
Permanente de Descentralización del Acuerdo Nacional,
los congresistas democráticos y otros actores,
impulsen la definición de una agenda concertada
para una conducción democrática de la
descentralización, incluyendo una solución
con enfoque y diseño descentralistas a los serios
problemas en la conducción de la reconstrucción
de los pueblos afectados por el terremoto del 15 de
agosto pasado.
3. Fortalezcamos el ejercicio concertado y eficiente
de los gobiernos regionales y locales, como la expresión
del derecho y responsabilidad de sus ciudadanos e instituciones
para analizar, priorizar, asignar y gestionar sus potencialidades
y las diversas políticas necesarias para una
lucha eficiente contra la pobreza y por el desarrollo
sostenible. Valoramos el rol de sus líderes políticos
y sociales, así como de su potencial técnico,
para expresar y desarrollar capacidades que les permita
empoderarse democráticamente en el ejercicio
pleno de su ciudadanía y de la gestión
gubernamental. Se requiere construir poderes regionales
y locales que permita a sus sociedades expresarse en
lo económico, social, cultural, político
y ambiental; diseñando y aplicando sus políticas
y proponiendo a nivel nacional las correspondientes
políticas para encausar el diálogo intergubernamental
en torno a las decisiones del gobierno central con las
decisiones y expectativas de las sociedades regionales
y locales.
4. Resaltamos la defensa y consolidación
de la democracia participativa como componente fundamental
del sistema político del país y de la
gestión pública en todos sus niveles
, complementaria y contribuyente de las formas representativas
y directas de la democracia. Mejoremos para tal efecto
el marco general e institucional de la participación
existente, haciendo efectivo el funcionamiento y articulación
de los diversos mecanismos de participación y
concertación en curso, y una nueva práctica
de gestión pública basada en esta dimensión
de la democracia. Construyamos un sistema efectivo de
participación ciudadana inclusivo, que armonice,
integre, complemente y fortalezca la acción social
y política de las diversas organizaciones sociales
e instituciones con los espacios de concertación
y lucha tanto desde la misma población como de
los gobiernos regionales y locales, para mejorar la
calidad de los aportes de la participación y
la construcción de un tejido social corresponsable,
proactivo, propositivo y de acción colectiva.
Implementemos con eficacia y creatividad los instrumentos
de gestión participativa como el Plan de Desarrollo
Concertado y, en ese marco, el Presupuesto Participativo
que muestra los avances en la construcción democrática,
expresado en la movilización de importantes sectores
de la población definiendo y priorizando el gasto,
y poniendo en práctica la formulación
del presupuesto por resultados, articulado a los demás
instrumentos de gestión, y a un seguimiento y
control social de la calidad del gasto desde la sociedad
civil. Solicitamos en este tema, a la Comisión
de Descentralización del Congreso que disponga
las acciones de control político sobre el cumplimiento
de las políticas e instrumentos participativos,
para introducir los correctivos necesarios.
5. Promovamos y fortalezcamos la capacidad propositiva
y democrática de los foros regionales y los movimientos
ciudadanos, articulados para una efectiva incidencia
nacional, en respuesta social al centralismo,
la exclusión, la falta de derechos, la corrupción,
la desigualdad de oportunidades, y contribuyamos a que
estos espacios procesen debidamente la agenda regional
y los conflictos. Extendamos hacia más regiones
las iniciativas de concertación social y política
denominadas foros de gobernabilidad o acuerdos regionales,
en base a los Acuerdos concertados entre las representaciones
políticas y organizaciones de la sociedad civil
antes de las elecciones y en el marco del Acuerdo Nacional.
Fomentemos que la sociedad civil en los espacios y procesos
de concertación asuma mayores protagonismos y
contribuyan a la, extensión de las iniciativas
de creación de escuelas de gobernabilidad y de
una mayor participación política y social,
contando con mecanismos de seguimiento y vigilancia
de los acuerdos y sus logros.
6. Impulsemos la gestión de los Gobiernos
Locales por un rol central en el fortalecimiento de
la democracia local, basado en sus competencias y funciones
para atender los servicios locales más importantes.
Promovamos la dimensión política, social,
económica, jurídica y cultural de la asociatividad
municipal y de la mancomunidad, incidiendo en las prácticas
participativas, así como en los cambios legales
que se requiere para que estas instancias municipales
ejecuten proyectos con recursos públicos y privados
y sean más eficientes en los programas sociales.
Incluyamos en su agenda el ordenamiento territorial.
7. Demandamos y promovemos el crecimiento económico
con equidad, considerando entre otros factores
diversidad empresarial, la mejor redistribución
de la riqueza, la descentralización fiscal, la
eliminación de exoneraciones tributarias al gran
capital, el estímulo a la pequeña y mediana
producción, incluyendo aquellas de economía
solidaria. Asimismo, formas de inversión y procesos
productivos compatibles con buenas prácticas
ambientales y culturales en el marco de una responsabilidad
social empresarial con una efectiva vigilancia ciudadana.
Para asegurar un aprovechamiento racional de los recursos
naturales y culturales de nuestros territorios con una
perspectiva de sostenibilidad en el tiempo y en el espacio,
es fundamental que las y los peruanos forjemos el gran
pacto político social sobre crecimiento y equidad,
con pleno respeto de los derechos ciudadanos, al servicio
del desarrollo humano; sobre la base de relaciones éticas
entre Estado, sociedad y naturaleza, evitando caer en
la tentación cortoplacista de crecimiento a cualquier
costo. El impulso al crecimiento económico con
equidad, debe articularse con una política social
que luche efectivamente contra la pobreza, orientada
a superar las enormes brechas económicas y sociales
que hacen del Perú uno de los países más
desiguales e inequitativos de la región.
8. Coherentes con las políticas del Estado
señaladas en el Acuerdo Nacional, compartimos
el criterio de que el desarrollo social debe ser entendido
como bienestar pleno de las poblaciones en condiciones
de equidad, igualdad de oportunidades, inclusión
social y económica y justicia social
. Es en este marco que debemos defender los logros en
materia de equidad de género así como
ubicar las acciones inmediatas de lucha contra la pobreza
que desplieguen los programas sociales para que puedan
superar sus grandes limitaciones en eficiencia, enfoque,
visión y conducción centralista. Asimismo
deberíamos clarificar las competencias y roles
que cumplen las instituciones públicas y privada
s en estos temas, para evitar superposiciones y actuaciones
inadecuadas. Las diversas expresiones de la pobreza
en nuestro país producto del empobrecimiento
y de las deficientes políticas de atención
acumuladas desde los gobiernos precedentes, hacen de
ésta un problema estructural por tanto sujeto
a una atención especial del Estado peruano, cuya
reforma política debe dar respuesta a la necesidad
de un verdadero ente rector de las políticas
sociales, cuyo cumplimiento es responsabilidad compartida
de los ministerios y de los gobiernos regionales y locales.
9. Reclamamos, en el marco del desarrollo social, una
atención de mayor calidad para los niños,
jóvenes y adolescentes, debiendo el Estado garantizar
plenamente la protección de sus derechos sociales
fundamentales, la creación de espacios de opinión
y decisión, acceso efectivo a la información,
crecientes oportunidades laborales, culturales, recreativas,
así como fomentar y fortalecer las relaciones
democráticas y armónicas desde la familia.
Urge la democratización y optimización
de la Secretaría Nacional de la Juventud para
que esté al servicio efectivo de los jóvenes,
hombres y mujeres; así como la promoción
de los Municipios Escolares como una escuela de ciudadanía
y promotora de nuevos liderazgos.
Paralelamente exigimos a la entidades públicas
competentes la mayor coherencia posible en la opción
de género con inclusión e igualdad de
oportunidades para las mujeres y por la lucha contra
la violencia familiar, y a las organizaciones de la
sociedad civil que redoblen sus iniciativas de promoción
de las pliticas y programas sobre este tema central
y la vigilancia social sobre los roles que corresponde
al Estado.
10. Consideramos de prioridad el saber aprovechar
inteligentemente las oportunidades que se nos presentan
por ser un país diverso, multilingüe y pluricultural
, por el valor histórico de la existencia de
diversas expresiones culturales, y exigimos que sean
como tal respetadas por el Estado recogiendo en sus
políticas y normas esas expresiones de la diversidad
cultural, como parte del desafío de superación
de la exclusión que afecta a la mayoría
de peruanos y peruanas. La construcción de la
democracia, la aplicación de programas sociales
y otros sectoriales, deben darse de acuerdo a las realidades
locales. Hagamos de la educación intercultural
bilingüe una política regional inclusiva
para todos y todas en diversas regiones.
11 Reiteramos la demanda de un plan nacional
de desarrollo de capacidades para una gestión
pública y privada modernas, buscando
las mejores condiciones para el ejercicio pleno de nuestros
derechos y obligaciones, así como una justa y
efectiva competitividad, componentes para la construcción
de Buen Gobierno. Hay que considerar las diferencias
culturales, generacionales y de género, las propuestas
metodológicas adecuadas, un sistema de seguimiento
y evaluación de impactos y partir de un diagnóstico
de necesidades y potencialidades en base a procesos
locales, para formular propuestas más sostenibles
y coherentes con el fortalecimiento de la democracia
participativa, la construcción de Buen Gobierno,
la descentralización, lo que es más importante
formar mejores ciudadanos y ciudadanas.
12. Generemos concertadamente mayores y eficaces
mecanismos de transparencia y de acceso a la información
pública en los diversos ámbitos de la
gestión pública, reforzando la
participación ciudadana en los espacios públicos,
ampliando los mecanismos de vigilancia social, y luchando
contra la tolerancia social ante la corrupción,
con nuevas iniciativas como la publicación periódica
de funcionarios con antecedentes, el cumplimiento oportuno
y transparente de la Rendición de Cuentas y el
cumplimiento, además del portal electrónico.
Los mecanismos de transparencia deben ampliarse al conocimiento
de las obligaciones de las empresas privadas.
13. La Red Perú orienta a sus socios a que fijen
posiciones y construyan propuestas sobre las relaciones
entre minería, medio ambiente y desarrollo, y
para ello como primera iniciativa ha decidido suscribir
la declaración "Por una Minería
con Responsabilidad Social y Ambiental: Un acuerdo fruto
del diálogo" aprobada en marzo
del 2006 por el "Grupo de Diálogo sobre
Minería y Desarrollo Sostenible".
14. Finalmente, los socios tanto individuales como institucionales
de la Red Perú, asumiremos coherentemente
los compromisos que se derivan de la necesidad de impulsar
la concreción de las propuestas precedentes,
coordinando y construyendo sinergias de manera eficiente,
mediante la articulación de programas y proyectos;
y aplicaremos las medidas necesarias para fortalecernos
institucionalmente, ser un referente de participación
y concertación para la sociedad civil, y mejorar
nuestro trabajo en red, de manera descentralizada
Lima, 1º de Diciembre del 2007
CONSEJO DIRECTIVO
RED PERU - 2007 / 2009
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