INTRODUCCION

La descentralización constituye una importante reforma de Estado de interés común en diversos países de la región andina y de América Latina en general. La reacción al centralismo como una de las causas de la postergación, exclusión e inequidades que afecta a una gran parte de la población ha generado que se implementen políticas, normas e instrumentos que apuntan por diversas vías a otorgar mayores competencias, recursos y poder de decisión a los espacios subnacionales, sean de carácter local (municipal) o regional.

La descentralización en curso en los países de la región no solo ha respondido a decisiones de las autoridades gubernamentales, sino que en muchos casos ha formado parte de las prioridades de las agendas tanto de las representaciones políticas como de las organizaciones de la sociedad civil, en las que ubicamos a sectores empresariales, organizaciones no gubernamentales, profesionales y organizaciones sociales de base. La descentralización se ha presentado en diversas realidades como una anhelada aspiración de poblaciones escasamente favorecidas por las políticas económicas y sociales oficiales.

Los procesos de descentralización en curso han sido resultado tanto de decisiones políticas, como de variados enfoques y estrategias, así como de determinadas realidades históricas, específicas para cada país, y que condicionan los niveles de avance alcanzados (factores culturales y económicos mayormente). A la hora de extraer lecciones o de establecer posibles compromisos de acción conjunta, es muy importante considerar y ponderar los diversos componentes que actúan en la descentralización, para determinar tanto aquellos que pueden ser tomados como comunes en la región, de aquellos otros que muestran particularidades nacionales.

Paralelo a estas iniciativas descentralistas, en los países de la región surgen otras preocupaciones como la relación entre el Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, mayor eficacia en la lucha contra la pobreza, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, la generación de oportunidades para promover el desarrollo local, como condiciones fundamentales en la construcción de ciudadanía y gobernabilidad democrática.

En ese escenario, cabe reflexionar en qué grado los procesos de descentralización iniciados en varios países de América Latina vienen favoreciendo a las poblaciones excluidas tanto en la atención a sus derechos y demandas más urgentes como en la creación de mayores oportunidades para un desarrollo más sostenible. Para ello hay que considerar los cambios que se hayan producido en el manejo e implementación de políticas sociales, tributarias, inversión local, fortalecimiento institucional, entre otros, a partir de la puesta en marcha de las políticas descentralistas. Asimismo, habría que considerar si la descentralización constituye o no parte de una reforma más integral de Estado.

Esta rica diversidad de realidades en América Latina, nos permite compartir experiencias y extraer lecciones y aportes que sean aprovechables en otros contextos. Es importante que conozcamos mas de cerca los diversos procesos en curso, sus dinámicas, el rol de los actores, las condiciones o escenarios que favorecen o restringen los resultados, entre otros aspectos que permitan ilustrarnos mutuamente, reconociendo inclusive que en cada país no siempre encontraremos las mismas lecturas y apreciaciones, las que pueden variar en función de los actores y sus ubicaciones en los espacios de poder.

En el caso peruano, el nuevo Gobierno Nacional del período 2006-2011, ha señalado oficialmente su compromiso por retomar y profundizar el actual proceso de descentralización, que constituye el octavo intento en la historia peruana. Esa voluntad política favorable, se vería grandemente beneficiada en un intercambio de experiencias y enfoques con otras realidades nacionales de la región.

Pudiendo haber varias entradas en este tema, nos interesa particularmente compartir las riquezas de los procesos de descentralización en marcha y su contribución efectiva en la reducción/ erradicación de la pobreza y la superación de las enormes desigualdades territoriales que generan a su vez diferencias marcadas en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo local. No debemos perder de vista que los procesos de descentralización iniciados transfieren a los territorios locales y regionales la gestión de diversas políticas, por lo que se hace necesario analizar cuan eficientes son en esos contextos, identificándose los factores que faciliten o retrasan que se alcancen esos propósitos.

Para ello hemos considerado pertinente realizar un Seminario Internacional que nos permita un diálogo efectivo con representantes de instituciones públicas y privadas de diversos países de la región, cuyos resultados favorezcan el acercamiento entre nuestros países, esta vez a partir de un tema como es la descentralización y su aporte al desarrollo humano. Se trata de aprovechar los aciertos y limitaciones como enseñanzas para extraer lecciones que sean de utilidad para quienes desde espacios públicos y privados estamos involucrados en los procesos de descentralización para que aporten a la gobernabilidad democrática y la construcción de ciudadanía.

Objetivo General:

Generar un intercambio de experiencias e interaprendizaje de los procesos de descentralización en diversos países de la América Latina, definiendo su aporte en la generación de oportunidades de desarrollo local y regional en la lucha contra la pobreza, en la perspectiva del cumplimiento de los ODM y en el marco de los procesos de integración regional y la realización de la Cita Cumbre entre Europa y América Latina y El Caribe.

Resultados:

1. Intercambio y diálogo de enfoques y experiencias, e identificación de avances y dificultades en el proceso de descentralización en curso en los países de la región, y sus múltiples interacciones con otros componentes de la Reforma del Estado, la lucha por la inclusión social y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, desde la gestión de las entidades públicas y privadas y de los organismos de la cooperación internacional y la banca multilateral, como parte de los procesos de integración regional.

2. Definición de una agenda de prioridades políticas, normativas, instrumentales y otras, para encausar la conducción de la descentralización hacia la generación de mayores oportunidades y la lucha contra la pobreza, entre las diversas instituciones públicas y privadas competentes, con proyección nacional y regional. Esta agenda debe capitalizar las experiencias internacionales compartidas para presentarse como un insumo importante en la Cita Cumbre entre Europa y América Latina y el Caribe, a realizarse en mayo del 2008 en Lima, Perú.

Organizacian:

- Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de   Descentralización
- Grupo Propuesta Ciudadana
- CARE Perú – Programa Fortalece
- RED-Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local

Auspician:

- Ministerio Británico para el Desarrollo (DFID)
- Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLcP)
- El Instituto de Viena para el Desarrollo y la Cooperación – VIDC
- Gobierno Regional de Lambayeque
- Alianza para el Impacto
- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
  Desarrollo (ALOP)
- Comunidad Andina de Naciones (CAN)
- Programa PACT – Ecuador
- Programa de Aprendizaje Regional (PAR)
- Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)

Fecha y lugar del Seminario:

Se realizará los días 06, 07 y 08 de Noviembre del 2007 en el Salón de Conferencias de la Comunidad Andina de Naciones (Av. Paseo de la República 3895, San Isidro)

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA DECLARACION DE VIENA A LA LUZ DEL ACUERDO NACIONAL EN PERU

La Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, realizada en Viena, el 12 de mayo de 2006, constituye un esfuerzo para promover y reforzar la asociación estratégica entre dos grandes regiones del mundo. Tuvo su primera Cumbre en Río de Janeiro, en junio de 1999, luego en Madrid, en mayo del 2002, y finalmente en Guadalajara, en mayo de 2004.

A continuación vamos a hacer una presentación de la Declaración de Viena, resaltando algunas ideas centrales, en el marco de las 31 Políticas del Acuerdo Nacional para que sus vinculaciones refuercen el compromiso del Gobierno Peruano de avanzar en poner en práctica sus enunciados, además de promover que los mismos se vean remarcados en la próxima Declaración que deberá firmarse en la Quinta Cumbre que se llevará a cabo en Lima, en mayo del 2008.
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SOBRE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Reafirmamos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, así como la participación plena en todos los aspectos de su vida.

Reafirmamos asimismo que si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia y que ésta no es exclusiva de ningún país o región, y reafirmamos la necesidad de respetar debidamente la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la libre determinación.

Subrayamos que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales son interdependientes, se refuerzan mutuamente y constituyen principios básicos de nuestra asociación estratégica biregional.

Acogemos con satisfacción la decisión de la Cumbre Mundial de 2005 de establecer un Consejo de Derechos Humanos así como la decisión histórica de la Asamblea General para que éste inicie sus labores. Ambas regiones otorgan una gran importancia a la convocatoria que el Consejo ha realizado para reunirse el 19 de junio de 2006.

Trabajaremos en favor de una plena igualdad de género otorgando especial atención a que la mujer goce plenamente de todos los derechos humanos y se continúe avanzando en esa vía, reafirmando la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como la Declaración de Beijing+5 y su documento de resultados.

Garantizaremos el respeto y el cumplimiento de los derechos del niño y prestaremos la debida consideración a las necesidades de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables.

Seguiremos avanzando en el fomento y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas a nivel local, nacional, regional e internacional. El pleno ejercicio de esos derechos resulta esencial para su existencia, bienestar y desarrollo integral, así como para su plena participación en la sociedad. Asimismo, seguiremos avanzando en los derechos y libertades fundamentales de las minorías a todos los niveles.

Mantenemos que el racismo es incompatible con la democracia y que no escatimaremos ningún esfuerzo en combatir a éste así como a la xenofobia, la intolerancia y todas las formas de discriminación, asegurando el pleno cumplimiento de la Declaración de Durban y su Programa de Acción.

Los individuos, organizaciones e instituciones que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos, deberán contar con apoyo y protección congruentes y efectivos, de acuerdo con el Derecho Internacional y con la resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN

Destacamos nuestro compromiso para erradicar la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y todas las formas de discriminación para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y de todos los grupos, así como consolidar la gobernabilidad democrática y lograr una mayor justicia social y un desarrollo sostenible.

Reconocemos la necesidad de adoptar estrategias generales e integradas y políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida y de trabajo para todos, así como un mayor acceso a la educación, la salud y el empleo, integrando en ellas la perspectiva de género y dando prioridad a los grupos de población más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. Reconocemos la necesidad de generar políticas públicas específicas para la protección de los niños y de los jóvenes, con el fin de prevenir la reproducción de la pobreza. Estas estrategias responderán a las necesidades sociales y económicas y a las prioridades de cada país.

Acogemos con satisfacción los progresos realizados en el acceso cada vez mayor a la educación y a la salud y subrayamos la necesidad de continuar mejorando la cobertura y la igualdad de acceso para todos, mediante una justa financiación de la calidad y la eficacia, entre otros medios.

Reconocemos la importancia de fomentar la responsabilidad social de las empresas, de estimular el diálogo social y la participación de todos los interlocutores pertinentes, incluida la sociedad civil, así como el respeto a la diversidad étnica, con el fin de construir sociedades más cohesionadas.

Subrayamos que la cohesión social, que constituye el fundamento de las sociedades más incluyentes, sigue siendo un objetivo compartido y una prioridad clave de nuestra asociación estratégica biregional. La promoción de la cohesión social busca contribuir a la construcción de sociedades más incluyentes ofreciendo a todos la oportunidad de tener acceso a los derechos fundamentales y al empleo, de disfrutar de los beneficios del crecimiento económico con equidad y justicia social, y poder desempeñar plenamente de esta forma un papel en la sociedad.
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CRECIMIENTO Y EMPLEO

Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de un crecimiento económico equitativo y sostenido con el fin de crear más y mejores empleos y luchar contra la pobreza y la exclusión social. Reconocemos también la necesidad de promover políticas públicas responsables que conlleven una mejor distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico.

Subrayamos la importancia de establecer políticas fiscales y de protección social adecuadas para fomentar un crecimiento económico equitativo con justicia social que favorezca la creación de empleo de calidad y productivo, y que busque incorporar el sector informal en la economía formal. Creemos que la generación de trabajo decente es un elemento clave para sustentar el desarrollo económico y social, prestando especial atención al tema del empleo de los jóvenes, entre otros medios, a través de la creación de capacidad técnica mediante políticas de educación y formación profesional. Nos comprometemos a fomentar y facilitar el diálogo en el contexto de las relaciones laborales y a los niveles nacional, subregional y biregional.
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MEDIO AMBIENTE

Reconocemos que la prosperidad a largo plazo de nuestras regiones depende en gran medida de un manejo sustentable de los recursos naturales así como de la capacidad para garantizar un desarrollo que incluya todos los aspectos de la sustentabilidad.

Se prestará especial atención a la cooperación en ámbitos como el cambio climático, la desertificación, la energía, el agua, la biodiversidad, los bosques y el manejo de productos químicos.

Reconocemos la necesidad de una mayor eficiencia de las actividades que sobre medio ambiente realiza el Sistema de las Naciones Unidas a través de una mayor coordinación; de mejores políticas de asesoramiento y orientación; del fortalecimiento del conocimiento científico, de la evaluación y la cooperación; de un mejor cumplimiento de los tratados respetando la autonomía jurídica de los mismos, y de una mejor integración de las actividades ambientales en el más amplio marco del desarrollo sostenible a nivel operativo, incluido el desarrollo de capacidades. Acordamos examinar la posibilidad de un marco institucional más coherente para responder a esa necesidad, incluida una estructura más integrada, constituida sobre la base de las instituciones existentes y de los instrumentos acordados a nivel internacional así como de los organismos establecidos por los tratados y las agencias especializadas.

Reiteramos nuestro firme compromiso para enfrentar el cambio climático. Acogemos con satisfacción la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y exhortamos a aquéllos estados que no son aun partes a adherirse sin demora. Asimismo cooperaremos para fortalecer nuestro conocimiento sobre el impacto del cambio climático y las vulnerabilidades al mismo, y para construir capacidades de adaptación, así como para facilitar la transferencia de tecnologías para la mitigación y la adaptación al cambio climático y fortalecer nuestra cooperación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Se requiere asimismo un esfuerzo sin precedentes para alcanzar una reducción significativa de la tasa de pérdida de biodiversidad en todos los niveles para 2010. Nos comprometemos también a continuar la elaboración y la negociación de un régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, a fin de instrumentar efectivamente los tres objetivos del CDB, a saber: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, así como a instrumentar el Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas.

Reconocemos el alto grado de vulnerabilidad de algunas regiones ante los desastres naturales así como la creciente incidencia y gravedad de estos fenómenos. Cooperaremos para aumentar el nivel de preparación y prevención ante los desastres mediante el intercambio de experiencias y la rápida difusión de buenas prácticas emergentes, en particular en el ámbito del control y la alerta temprana, el desarrollo de las capacidades y las respuestas a nivel local.
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ENERGIA

Reafirmamos nuestro compromiso para promover la eficacia energética y para aumentar el uso de fuentes de energía renovables como un paso importante para la seguridad, la estabilidad y la competitividad en el ámbito del abastecimiento energético y del desarrollo sostenible.

Reconociendo el derecho soberano de los países de gestionar y de regular sus recursos naturales, proseguiremos y consolidaremos nuestra cooperación a fin de establecer un marco comercial equilibrado y regímenes normativos más compatibles. Subrayamos la importancia de desarrollar e invertir en las infraestructuras energéticas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a sistemas energéticos fiables y asequibles. Se deberán mantener esfuerzos e incrementar la cooperación para acelerar el desarrollo de tecnologías energéticas medioambientalmente sostenibles.
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PROMOVIENDO LA PAZ Y EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL

Reafirmamos nuestro compromiso en favor de un sistema multilateral fuerte y eficaz, basado en el Derecho Internacional, apoyado en instituciones internacionales fuertes y con la Organización de las Naciones Unidas como centro.

Reiteramos nuestro compromiso con una reforma integral y una revitalización de las Naciones Unidas que refuerce su carácter democrático, representatividad, transparencia, rendición de cuenta y eficacia.

En particular, acogemos con satisfacción el establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz para asesorar y proponer estrategias integradas y coherentes para la consolidación de la paz y la recuperación postconflictos, centrando la atención en los esfuerzos de reconstrucción nacional y en el desarrollo institucional, necesarios para lograr el reestablecimiento tras los conflictos y para sentar las bases de una paz duradera y de un desarrollo sostenible.

Reafirmamos nuestro compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, reafirmamos nuestra decisión de apoyar todos los esfuerzos para defender la igualdad soberana de todos los estados, respetar su integridad territorial e independencia política, en nuestras relaciones internacionales abstenernos de la amenaza o uso de la fuerza inconsistente con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, y a preservar la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional.

Rechazamos con firmeza todas las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial contrarias al Derecho internacional y a las normas generalmente aceptadas de libre comercio. Coincidimos en que este tipo de prácticas representa una amenaza grave para el multilateralismo. En este contexto, y recordando la resolución 60/12 de la AGNU, reafirmamos nuestras bien conocidas posturas sobre la aplicación de las disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.

Seguiremos fomentando el respeto al derecho internacional y fortaleceremos nuestro compromiso con un orden basado en normas internacionales. Hoy, más que nunca, la adhesión universal al Estado de derecho y la confianza en el sistema para prevenir y adoptar medidas punitivas contra las violaciones a las normas, constituyen condiciones indispensables para alcanzar una paz y una seguridad duraderas. Recordamos la obligación de solucionar pacíficamente las controversias y animamos a todos los Estados a recurrir con mayor frecuencia a las instituciones internacionales en el ámbito de la solución de controversias, entre ellas la Corte Internacional de Justicia. Apoyamos además plenamente a la Corte Penal Internacional y los Estados que son parte de la misma instamos a aquellos que no lo hayan hecho, a ratificar o adherirse, según proceda, al Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma y a cooperar con ésta.
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ACUERDOS DE ASOCIACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL

La integración regional es un elemento clave para la estabilidad, el crecimiento económico y la inversión así como para el fortalecimiento del peso de ambas regiones en el escenario mundial. Afirmamos los principios de cooperación y solidaridad como la base de nuestros procesos de integración. En este contexto, alentamos y apoyamos firmemente a los países de América Latina y del Caribe a proseguir con sus respectivos procesos de integración regional.
Saludamos las nuevas iniciativas, tales como la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y la entrada en vigor del mercado único de la CARICOM, dentro del programa contínuo para la creación del Mercado y Economía Únicos (CSME).

Exhortamos a las instituciones financieras de Europa y de América Latina y el Caribe a apoyar la integración física a través de la interconectividad y de la creación de infraestructuras en redes, especialmente, en los ámbitos de la energía, el transporte, las telecomunicaciones y la investigación. La promoción de la interconectividad forma parte integral de una integración regional efectiva.

Acogemos con satisfacción el apoyo del Banco Europeo de Inversiones a los países de América Latina y el Caribe.
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DROGAS ILICITAS

Reiteramos nuestro compromiso, de acuerdo con el principio de responsabilidad compartida y sobre la base de un enfoque global e integrado del problema mundial de las drogas ilícitas, para fortalecer la cooperación y hacer uso pleno de los mecanismos existentes de diálogo y cooperación entre ambas regiones, principalmente a través del Mecanismo de Coordinación y Cooperación contra las Drogas Ilícitas de la ALC-UE y del diálogo de alto nivel Comunidad Andina-UE en materia de drogas. Reiteramos en particular nuestro compromiso de promover iniciativas sobre la puesta en común de información policial sobre tráfico de drogas; así como sobre desarrollo alternativo, incluido el desarrollo alternativo preventivo, en los países afectados, como medio para generar cambios estructurales rentables y de largo alcance en aquellas zonas propensas a los cultivos ilícitos.
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Debe fomentarse la realización de esfuerzos especiales a nivel nacional, internacional y biregional, con la finalidad de garantizar la plena realización del Derecho al Desarrollo de todos los individuos y los pueblos, de conformidad con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo.

Acogemos con satisfacción la Declaración Conjunta de la UE sobre "el Consenso Europeo sobre el Desarrollo" que coloca la erradicación de la pobreza en el centro de la cooperación para el desarrollo de la UE, en el contexto del desarrollo sostenible, con la inclusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que se aplica a todos los países en vías de desarrollo.

Reconocemos los nuevos y ambiciosos compromisos de la UE de aumentar la cantidad, la calidad y la eficacia de su ayuda para el desarrollo. En particular, tomamos conocimiento de los compromisos de los Estados miembros de la UE de llegar en conjunto para 2010 a una asistencia oficial para el desarrollo equivalente al 0.56% del ingreso nacional bruto y de cumplir el objetivo del 0.7% para 2015, mientras que los Estados miembros que han entrado a formar parte de la UE después de 2002 procurarán aumentar su porcentaje al 0.33% para 2015.

Reconocemos que el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio requiere recursos adicionales. Por lo tanto, acogemos con satisfacción los avances recientes de la Acción Contra el Hambre y la Pobreza, así como la voluntad de varios países de explorar y de iniciar la instrumentación, sobre base voluntaria, de mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo, tales como una tasa solidaria de billetes aéreos, la Facilidad Financiera Internacional y la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, mismos que fueron abordados en la Conferencia sobre Fuentes Innovadoras de Financiamiento, celebrada en París el pasado mes de marzo.

Reconocemos que el VIH/SIDA y otras pandemias constituyen una grave amenaza permanente para el futuro de nuestras naciones y para el desarrollo humano sostenible y abogamos por un aumento de nuestra colaboración para responder a las pandemias.

Acordamos gran importancia a abordar el problema de la deuda, mismo que es enfrentado por numerosos países y el cual requiere un compromiso continuo de la comunidad internacional, a fin de encontrar soluciones durables y equitativas; enfatizamos que los acreedores y los deudores deben compartir la responsabilidad de prevenir y resolver situaciones de deuda insostenible de manera oportuna y eficaz.

Valoramos los beneficios de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) mejorada y apoyamos su plena instrumentación para los países elegibles.

Reconocemos las iniciativas voluntarias para brindar ayuda a algunos países de América Latina y el Caribe, tales como la conversión de deuda en ayuda al desarrollo, que incluye la educación y los programas de conversión de préstamos de asistencia oficial para el desarrollo y créditos comerciales.

Seguiremos promoviendo medidas que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones, la gobernabilidad y el funcionamiento de los organismos financieros internacionales, y aumentar la participación de los países en desarrollo en las instituciones financieras internacionales de forma que éstas reflejen más sus intereses y que dispongan de instrumentos más eficaces para la prevención y resolución de crisis.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS:

Reconocemos el papel de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en apoyo de la cohesión social, la integración regional y la competitividad de nuestras economías.
Concedemos gran importancia a nuestra colaboración con miras a su desarrollo futuro en nuestras regiones y para fomentar un acceso universal, equitativo y acequible a las tecnologías de la información, especialmente a través de estrategias integrales que aborden los nuevos desafíos y las oportunidades de la convergencia tecnológica.

Acogemos con satisfacción los resultados y la declaración adoptada por el IV Foro ministerial de la sociedad de la información de la ALC-UE sobre una alianza para la cohesión social a través de la inclusión digital, celebrada en Lisboa en abril de 2006. Reconocemos los resultados alentadores de las actividades biregionales en curso en este ámbito y consideramos que es importante mantener el apoyo político y financiero necesario para las iniciativas que consoliden un espacio de colaboración científica basado en las tecnologías de la información y la comunicación.

Concedemos prioridad a la creación del Espacio Común en materia de Educación Superior ALC-UE, orientado hacia la movilidad y la cooperación. En ese contexto, acogemos con satisfacción y alentamos las decisiones adoptadas por la Conferencia ministerial celebrada en México en abril de 2005 y las recomendaciones más recientes del Comité de Seguimiento ALC-UE. También recibimos con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de aumentar sustancialmente su programa de intercambios.

Reconocemos la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico y social sostenible de nuestros países, que incluye la mitigación de la pobreza y la inclusión social.

Reconocemos la importancia de la diversidad cultural como un factor de desarrollo, crecimiento y estabilidad, como lo demuestra la adopción de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en octubre de 2005. Apoyamos su rápida ratificación y aplicación.

Reconocemos que la cooperación cultural es esencial para fomentar el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Además, reafirmamos nuestra convicción de que las actividades y las industrias culturales desempeñan un papel significativo en la salvaguardia, desarrollo y promoción de la diversidad cultural.

Acordamos conmemorar los bicentenarios de diversos acontecimientos históricos y culturales, con el ánimo de contribuir al acercamiento entre nuestros pueblos.
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